El cierre del gobierno de Gustavo Petro deja a Ecopetrol en una situación que no admite eufemismos: no está en colapso, pero sí debilitada por una combinación de mala política pública, errores estratégicos y pérdida de rumbo empresarial. Lo preocupante no es solo el deterioro reciente, sino la dirección en la que se ha empujado a la compañía.
Los datos son elocuentes. Entre 2023 y 2025, Ecopetrol encadenó tres años de caída en utilidades, con descensos cercanos al 40% anual, acompañados de una reducción significativa de caja y márgenes. A ello se suma un nivel elevado de endeudamiento y mayores costos de producción, en un contexto de volatilidad del precio internacional del crudo. La acción ha perdido más del 50% de su valor desde 2022. No se trata de un ciclo adverso más: es el resultado de decisiones que han erosionado la credibilidad de la empresa como actor energético confiable.
Es cierto que Ecopetrol arrastraba problemas estructurales. La caída de reservas y la falta de descubrimientos relevantes evidencian una estrategia exploratoria deficiente que no comenzó con este gobierno. Pero lo que sí es atribuible al período actual es haber agravado deliberadamente esa fragilidad. En lugar de corregir el rumbo, se optó por profundizar la incertidumbre y debilitar el núcleo del negocio.
La política energética del gobierno ha sido, en términos empresariales, errática y contradictoria. Restringir nuevos contratos de exploración mientras se mantiene la dependencia fiscal del petróleo no es una estrategia de transición: es una apuesta irresponsable. Señalar el fin del petróleo sin construir una alternativa económicamente viable no es liderazgo, es improvisación.
El cierre del gobierno de Gustavo Petro deja a Ecopetrol en una situación que no admite eufemismos: no está en colapso, pero sí debilitada por una combinación de mala política pública, errores estratégicos y pérdida de rumbo empresarial. Lo preocupante no es solo el deterioro reciente, sino la dirección en la que se ha empujado a la compañía.
Los datos son elocuentes. Entre 2023 y 2025, Ecopetrol encadenó tres años de caída en utilidades, con descensos cercanos al 40% anual, acompañados de una reducción significativa de caja y márgenes. A ello se suma un nivel elevado de endeudamiento y mayores costos de producción, en un contexto de volatilidad del precio internacional del crudo. La acción ha perdido más del 50% de su valor desde 2022. No se trata de un ciclo adverso más: es el resultado de decisiones que han erosionado la credibilidad de la empresa como actor energético confiable.
Es cierto que Ecopetrol arrastraba problemas estructurales. La caída de reservas y la falta de descubrimientos relevantes evidencian una estrategia exploratoria deficiente que no comenzó con este gobierno. Pero lo que sí es atribuible al período actual es haber agravado deliberadamente esa fragilidad. En lugar de corregir el rumbo, se optó por profundizar la incertidumbre y debilitar el núcleo del negocio.
La política energética del gobierno ha sido, en términos empresariales, errática y contradictoria. Restringir nuevos contratos de exploración mientras se mantiene la dependencia fiscal del petróleo no es una estrategia de transición: es una apuesta irresponsable. Señalar el fin del petróleo sin construir una alternativa económicamente viable no es liderazgo, es improvisación.
El problema central es la politización de la empresa. Ecopetrol ha dejado de ser gestionada con criterios técnicos para convertirse en vehículo de una agenda ideológica. La consecuencia ha sido predecible: deterioro de la confianza inversionista, señales contradictorias al mercado y debilitamiento de su posición competitiva. En la industria energética global, donde el capital es selectivo y la competencia feroz, este tipo de mensajes se paga caro.
La gestión corporativa tampoco ha estado a la altura. Las controversias alrededor de su presidente Ricardo Roa, la falta de independencia efectiva de la Junta Directiva y una lapidaria impericia en el manejo del negocio han profundizado la percepción de interferencia política. Una empresa de esta escalada no puede operar bajo dudas sobre su gobernanza sin sufrir consecuencias directas en su valoración y acceso a capital.
El argumento de la transición energética, utilizado como justificación, se desmorona frente a la realidad fiscal. Ecopetrol sigue siendo un pilar de los ingresos del Estado. Debilitar su capacidad de generación sin reemplazo equivalente no es una apuesta ambiental: es una amenaza a la estabilidad económica. La transición no fracasa por ambición, sino por falta de rigor.
El próximo gobierno heredará una situación incómoda. Menor capacidad de generación de ingresos, reservas comprometidas y un sector desorientado. Tendrá que decidir entre corregir el rumbo —reactivando exploración y devolviendo claridad estratégica— o administrar un deterioro progresivo. Ninguna opción será políticamente sencilla.
¿Está Ecopetrol al borde del colapso? No. Pero ese no es el estándar relevante. El verdadero problema es que no es la empresa sólida, predecible y estratégica que el país necesita. Ha pasado de ser un activo confiable a un activo incierto.
El mayor daño no es contable, es estratégico. Se ha debilitado el principal motor energético del país sin construir uno nuevo. En economía, como en energía, los vacíos no existen: se pagan. Y Colombia empieza a sentir el costo de haber confundido la ideología con la política pública.
Por Beatriz De Majo
4 de abril de 2026, 1:22 abril / El Nacional
