Opinión| Escribe: César Pérez Vivas| Nicolás Maduro, en rueda de prensa del pasado miércoles 30 de noviembre, mostró sus cartas y asumió de forma clara su condición de gobernante arbitrario y al margen de la constitución. En efecto, ese día expresó lo siguiente: “Si quieren elecciones libres, queremos elecciones libres de sanciones.
Ahí está el dilema, que las quiten todas para ir a unas elecciones libres, frescas, en el tiempo que se determine el Consejo Nacional Electoral y la Constitución”. A confesión de parte relevo de pruebas, decimos los abogados. El derecho a elegir y ser elegido, el derecho a la democracia, como todos los derechos políticos, forman parte de los derechos fundamentales de la persona humana. Su cumplimiento no pueden estar condicionados a ningún capricho de cualquier funcionario público, así éste ejerza el cargo de Presidente de la República. Por el contrario al jefe de estado le corresponde, con mayor vigor, cumplir y hacer cumplir la constitución. Y es precisamente la constitución la que de forma clara y categórica ordena el respeto a esos derechos, sin andar colocando condiciones, y menos supeditadas a decisiones de gobiernos extranjeros. En efecto el artículo 19 de la vigente Carta Magna expresa: “Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.”
“Sin discriminación alguna”, dice el texto. Es decir que no puede existir un ejercicio de los derechos políticos de forma exclusiva para Maduro y su camarilla, y una negación de los mismos para quienes pensamos diferente. Este principio está reforzado en la norma que consagra el sufragio como un derecho humano.
En efecto la constitución reza: “Artículo 63. El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional.” “Votaciones libres” es igual a “elecciones libres”.
Aquí la constitución no condiciona las elecciones libres a ninguna circunstancia. De modo que agregarle la expresión: libres de sanciones” constituye una flagrante violación del texto y del espíritu, razón y propósito de la norma. Esa declaración por parte de Nicolás Maduro constituye un golpe brutal a la democracia, y por lo tanto a la vigencia de la Constitución.
En sí misma esa declaración constituye un delito, que por supuesto el arrodillado sistema de justicia no procesará. Es un delito porque al negar las elecciones libres, Maduro solo busca una excusa para perpetuarse en el poder.
Estar en la cúspide del poder público, controlar todas sus ramas y niveles ha sido una obsesión de la camarilla autoritaria que está en él desde 1999. Lo dicen, con ocasión y sin ella de diversas formas: “No volverán”, para recalcar su determinación de apropiarse ilegalmente del poder público. Esta posición evidencia, nuevamente, el terror de Maduro a contarse, a permitirle al pueblo que se exprese y tome la decisión que le corresponde.
En el fondo lo que Maduro nos está comunicando es su huida del proceso electoral. Así lo hizo en Enero de este año cuando se negó a la celebración del Referéndum Revocatorio establecido en el artículo72 de la Constitución.
Por temor a ser revocado ordenó a sus operadores en el Consejo Nacional Electoral abortar el mismo. ¿Va a hacer lo mismo con las elecciones presidenciales establecidas al termino del actual periodo, es decir a finales del año 2024? No me extrañaría que se inventen algún leguyerismo para no hacer las elecciones y continuar atornillados a un poder que no les pertenece, porque ese poder es de los ciudadanos. Bien lo señala el artículo 5 de la Constitución que dice: “Artículo 5.
La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.” Nosotros los ciudadanos venezolanos, las organizaciones de la sociedad democrática y la comunidad internacional debemos estar alertas frente a la pretensión ya declarada de NO HACER ELECCIONES. Maduro y su camarilla sabe que van a perder abrumadoramente el poder en el momento que los ciudadanos concurran a las urnas. Las elecciones presidenciales “libres” son de obligatoria realización. No pueden suspenderse con la excusa de las sanciones. Ni siquiera dictando un estado de excepción podría la dictadura evadirse de esa obligación.
Los estados de excepción, que son la única forma de restringir algunos derechos, no permite la suspensión de los derechos intangibles. El derecho a la democracia y al sufragio forma parte de esos derechos.
El articulo 337 al establecer los estados de excepción precisa con claridad lo siguiente: En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.
Esta doctrina está claramente raatificada en la Carta de la OEA y en la Convención América sobre Derechos Humanos, tratados internacionales de obligatorio acatamiento de conformidad con lo pautado en el artículo 19 constitucional, cuando ordena acatar: “….los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.”
La lista de garantías no suspendibles más amplia es, probablemente, la contenida en el artículo 27 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, según el cual están fuera de ámbito de los estados de excepción los siguientes derechos: el derecho a la vida; el derecho a la integridad personal; la prohibición de esclavitud y servidumbre; la prohibición de la discriminación; el derecho a la personalidad jurídica; el derecho a la nacionalidad; los derechos políticos; el principio de legalidad y retroactividad; la libertad de conciencia y de religión; la protección a la familia y los derechos del niño; así como las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos, entre las cuales deben considerarse incluidos el amparo y el hábeas corpus.”
Como puede verse el derecho a la democracia y al sufragio no puede condicionarse bajo ninguna circunstancia.
La tarea que tenemos por delante, los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad democrática es colosal. Para enfrentar la ilimitada ambición autoritaria de poder de la camarilla roja debemos continuar nuestra tarea de preparar la alternativa democrática y tenerla lista a finales del próximo año 2023.
Esa alternativa consiste en un pacto por la democracia, con un conjunto de acuerdos a adelantar desde el poder para rescatar el estado democrático, una candidatura presidencial unitaria elegida por los ciudadanos, y una organización capaz de garantizar la voluntad expresada en las urnas.
Esta reflexión no es para flagelarnos por la conducta abusiva de Maduro, ni mucho menos para anunciar la retirada de la lucha electoral y política. Ya he leído a valiosos amigos expresarme que para que vamos a continuar en esta lucha si ya Maduro mostró claramente su voluntad. A todos les he comunicado firmemente lo siguiente: “nuestro proceso de preparación para la elección del 2024 debe continuar al margen de ese comportamiento”.
Si asumimos el derrotismo y dejamos el terreno político y electoral, Maduro hará su elección, contando con la abstención y con la división que él está propiciando. Vamos a trabajar para estar listos a la hora de la elección. Ahí lo vamos a medir en todos los aspectos. No podemos caer en su estrategia.
Avancemos en la nuestra: UNIDAD, PARTICIPACION EN LA LUCHA POLITICA Y ELECTORAL Y DETERMIANCION DE VICTORIA.
Que sea Maduro el que le de el palo a lámpara. En ese momento las consecuencias para él serán más severas. Caracas, lunes 5 de diciembre de 2022.
